Declaración de Salamanca (1994)

La Declaración de Salamanca (1994) constituye un marco de acción internacional, derivado de la Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales, que impulsa la escolarización de personas con discapacidad en escuelas regulares. Su principio rector establece que las instituciones educativas ordinarias deben acoger a la totalidad del estudiantado, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas o de otro tipo. Este hito es un pilar fundamental para la Educación Inclusiva, ya que exige que el sistema escolar se reinvente para responder a la Heterogeneidad, abandonando la visión dicotómica que separaba a los niños entre "normales" y "especiales".

A través de esta declaración, se reivindica el derecho inalienable de cualquier individuo a recibir formación de calidad, concepto que se integra en la meta de la EpT al defender que las necesidades educativas son cambiantes y dependen de las oportunidades ofrecidas por el entorno. La declaración busca derribar las Barreras Actitudinales y sistémicas que históricamente han excluido a los estudiantes con Di(≠)capacidad, rechazando la idea de que existan personas "no educables" y promoviendo entornos que valoren las capacidades diversas.

Este compromiso internacional representa el antecedente directo y la base sobre la cual se edificó la Declaración de Incheon, la cual proyecta estos ideales hacia los ODS para el año 2030. Finalmente, la visión de la Declaración de Salamanca invita a los estados a reformar sus sistemas de cabo a rabo, una tarea que en la actualidad se comprende bajo la Ecología de la Equidad, donde se interrelacionan las prácticas dentro del aula con las políticas institucionales y sociales para garantizar que ningún aprendiz sea marginado o humillado.